De acuerdo con un estudio presentado por Gobernación, la tortura sexual es una práctica que persiste por parte de agentes de seguridad pública tanto a nivel estatal como federal
Redacción
Ocho de cada diez mujeres encarceladas en México sufren algún tipo de tortura por parte de alguna autoridad pública durante su proceso legal, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob).
Asimismo, reconoció que el 32.19 % de las mujeres fueron sometidas a actos de tortura sexual y el 11.64 % padecieron actos con connotaciones sexuales.
El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México fue presentado por la Segob, encabezada por Adán Augusto López, la cual recaba mil 280 entrevistas a mujeres privadas de su libertad.
“El Estado reconoce que la tortura sexual contra mujeres es una práctica que actualmente persiste en nuestro país y que es cometida por parte de diversos agentes de seguridad pública tanto a nivel estatal como federal”, indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se recordó que la elaboración de este diagnóstico era una tarea pendiente desde 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en contra de mujeres en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México en el año 2006.
Los días el 3 y 4 de mayo de ese año, varias mujeres sufrieron la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, en el marco de las protestas por la expropiación de predios para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Las mujeres detenidas sufrieron tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, entre otras faltas a los derechos humanos.
El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.
La determinación de la CIDH ordenó otras medidas además de la elaboración anual de este diagnóstico, como mecanismos de reparación, investigación y el establecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.
El Diagnóstico contempla también una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial, instituciones de seguridad, organismos protectores de derechos humanos, comisiones de atención a víctimas y sistema penitenciario.
Además, presenta una hoja de ruta para mejorar los procesos legales como la necesidad de atender “proactivamente” las denuncias por tortura realizadas por mujeres y asegurar la debida investigación de los perpetradores.
También para documentar “diligentemente y bajo los estándares en la materia” la tortura, promover la admisión de peritajes independientes, garantizar la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura en los procesos penales a los que están sujetas las mujeres, asegurar la debida atención en materia de salud y dotar de recursos a las instancias encargadas en materia de tortura, incluyendo al Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, entre otras.
El pasado 3 de mayo, justo cuando se cumplieron 16 años de los hechos en San Salvador Atenco, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de policías, exigieron que se erradique esta práctica y se termine la impunidad.
“A 16 años de los actos que desembocaron en la tortura sexual de varias mujeres en San Salvador Atenco, son las sobrevivientes las que continúan exigiendo que se revierta la impunidad y que se erradique esta práctica, para que no haya más mujeres en el país que vivan violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad”, señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Denunció que las medidas de “justicia” y de “no repetición” para las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto “en donde la tortura sexual es una práctica que persiste”.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, el 64.4 % de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
