Otra automotriz mexicana en la mira de EU por violación de derechos laborales

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El gobierno de Estados Unidos está considerando presentar una queja por presuntos abusos laborales contra una planta de autopartes de Stellantis en el estado mexicano de Coahuila.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, según funcionarios laborales mexicanos, si el representante de Comercio de Estados Unidos toma la investigación de Teksid Hierro de México, en el estado fronterizo norteño de Coahuila, marcaría la cuarta denuncia laboral contra una empresa extranjera en México desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Al respecto, Reuters informó que la oficina del represente comercial de Estados Unidos y el Departamento de Trabajo declinaron hacer comentarios.

Cuando se le preguntó a Stellantis sobre la posible investigación laboral en la planta de Coahuila, dijo que respeta los derechos de negociación colectiva y cumplirá con las leyes locales.

El conglomerado se convirtió en el cuarto grupo automotriz más grande del mundo con la fusión de Peugeot PSA y Fiat Chrysler, el año pasado.

Bajo las reglas más estrictas del nuevo pacto comercial, que reemplazó al TLCAN, las fábricas que violen los derechos de los trabajadores podrían perder su condición de libre comercio en la exportación.

Las empresas han estado observando de cerca estos primeros casos para ver cómo se desarrollan las nuevas reglas.
Desde 2014, Teksid, que emplea a casi mil 500 personas y fabrica fundiciones de hierro para vehículos pesados, se ha visto envuelta en una disputa sindical que, según los activistas laborales, ha impedido que los trabajadores estén representados por un grupo de su elección conocido como Sindicato de Mineros.

Los activistas también dicen que los trabajadores fueron despedidos después de apoyar al Sindicato de Mineros.

Las autoridades laborales estadounidenses dieron al gobierno de México a principios de mayo que estaban considerando abrir una queja en Teksid después de que los sindicatos señalaron el caso, dijo Alejandro Encinas, jefe de políticas y relaciones institucionales de la Secretaría del Trabajo de México.

El director del centro laboral federal de México, Alfredo Domínguez, dijo que las autoridades estadounidenses tenían 30 días desde que recibieron la petición de los sindicatos para evaluar si proseguían con el caso bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que tiene como objetivo resolver rápidamente las disputas.

Las quejas anteriores también se dirigieron al sector automotriz con investigaciones sobre el fabricante de automóviles estadounidense General Motors, el conglomerado japonés Panasonic y la fábrica de propiedad estadounidense Tridonex.