Contar con fiscalías potentes y efectivas sólo puede lograrse con gobiernos que estén comprometidos con la seguridad y la justicia, afirmó la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien añadió que las fiscalías no pueden permanecer al margen de las demandas sociales y los consensos públicos, y en este sentido la autonomía no debe convertirse en una sordera a la demanda social.
Al participar virtualmente en el Foro: Diálogo Parlamentario “Independencia de las Fiscalías Locales: Garantía de Justicia Cotidiana”, organizado por el Senado de la República, la abogada de la ciudad, expresó que el ministerio público debe estar blindado ante la coyuntura y en muchos casos ante el punitivismo.
Indicó que el avance en el acceso a la justicia en la Ciudad de México tiene sus bases en la cooperación, la coordinación estrecha y cotidiana entre Gobierno de la Ciudad con las autoridades federales.
“Nunca como ahora hemos tenido esa posibilidad de esta coordinación, alineados los distintos niveles de gobierno para poder hacer nuestro trabajo; autonomía no es autarquía, es necesariamente coordinación como se está haciendo en la Ciudad de México”, enfatizó.
En el foro virtual, presidido por la senadora presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, Godoy Ramos refirió que el deber como fiscalía es habilitar las capacidades de proveer de seguridad a la ciudadanía, protegiéndola del abuso de la fuerza; por lo que la autonomía debe entenderse como una herramienta para lograr ese balance, cooperar para promover la seguridad, la justicia y la paz.
En este sentido, Ernestina Godoy hizo un llamado a las fiscalías locales para contribuir desde su ámbito a la pacificación del país y dijo que es necesario tomar decisiones para priorizar fenómenos criminales y concentrar los recursos institucionales en ellos, porque las fiscalías no contamos con recursos ilimitados y hay delitos que tienen impactos sociales, unos mayores que otros.
Expresó que también es necesario contar con diferentes caminos para que los casos lleguen a soluciones diferenciadas, dependiendo de las expectativas de las víctimas y el uso de las sanciones penales como ultima herramienta.
Las fiscalías y procuradurías del país, aseveró, están cambiando gracias al impulso de colectivos, colectivas de víctimas, activistas de derechos humanos, académicos que desde sus espacios discuten los temas sobre el acceso, ya sea sobre la procuración o en su caso la administración de justicia.
Las fiscalías, dijo, están directamente en contacto con los fenómenos criminales y con las víctimas de los delitos, lo que les permite conocer de primera mano las necesidades y las prioridades, finalizó.
