Por Diana Domínguez Galván
Las asociaciones del sector automotriz en México lamentaron la publicación del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos ilegales en el país, lo que consideraron puede dar la pauta a una nueva oleada de contrabando vehicular, por lo que urgieron participar en las leyes secundarias para llevar a cabo el proceso, además de que advirtieron la posibilidad de ampararse ante el decreto.
Después de que el gobierno federal emitió en el Diario Oficial de la Federación dicho ordenamiento con vigencia a partir de su publicación y hasta el próximo 20 de julio, las asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (Amia), Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) emitieron su posicionamiento al respeto.
El presidente de la Amda, Guillermo Rosales Zárate, aseguró que la regularización es injustificada, pues ya existen leyes con las que los mexicanos pueden obtener vehículos usados de procedencia extranjera en forma legal, por lo que regularizar el contrabando de vehículos que hoy existen en territorio nacional es injustificado.
Advirtió que la comercialización de vehículos, la proliferación del comercio y la tripulación de unidades ilegales genera factores negativos no solo para la industria automotriz y el mercado automotor, sino para el mercado secundario, es decir, todos los usuarios que desean comercializar sus vehículos seminuevos, ya que esas unidades estarán afectadas por la sobredemanda.
Esto, dejó en claro, genera distorsiones y limita el valor de los vehículos usados, disminuyendo la posibilidad de que el usuario cambie su unidad por una mas nueva.
Además, dijo que limitar el decreto a 10 estados de la República será irrelevante, pues cuando las unidades estén regularizadas podrán comercializarse en cualquier parte del país, además de que incorporar unidades de cualquier edad propiciará una mayor chatarrización del parque vehicular.
Además, el sólo tener que hacer un pago de dos mil 500 pesos, sin tomar en cuenta las características de año modelo, especificaciones del modelo, entre otras, “supone un trato totalmente inequitativo, si se compara con los automovilistas que tienen sus unidades regularizadas en territorio nacional.
Aunque en las restricciones para la regularización se menciona que no se podrá llevar a cabo con los vehículos que cuenten con historial delictivo o impedimentos para su circulación en su país de origen, señaló que “no se menciona el procedimiento para verificar el historial vehicular de la unidad”, con lo que se perdería el control.
Después del decreto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá emitir las reglas generales de comercio exterior para cumplir con el programa de regularización de los vehículos ilegales. “Esto abre posibilidad de retomar la comunicación con el gobierno de la República para poder participar y compartir nuestras propuestas que ya hemos hecho del conocimiento de la autoridad para mejorar el ambiente del esquema de regularización y atenuar el impacto negativo que tendrá”.
Rosales Zárate adelantó que el decreto ya lo estudian a nivel jurídico y tomarán todas las herramientas constitucionales necesarias a su alcance, por lo que, por lo pronto no se descarta el amparo.
Por su parte, el presidente de la Amia, José Zozaya, agregó que si bien la industria no se opone a que la gente tenga la posibilidad de tener vehículos mas baratos, esto no puede ser por la vía de legalizar lo ilegal.
Esto afecta el Estado de Derecho y perjudica la atracción de inversión, además de que afecta a las inversiones ya puestas en México, dijo.
Si bien reconoció que para el tema, la industria tuvo reuniones con algunos funcionarios que tomaron en cuenta excluir del decreto a los vehículos pesados, “el objetivo es manifestar que la regularización de lo ilegal afecta a la imagen del país como un país con respeto al Estado de Derecho. Vemos con preocupación que se lance este decreto sin medidas de control para las futuras importaciones ilegales”.
La directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Virginia Olalde, destacó también la importancia de que la industria participe activamente en la elaboración de las reglas secundarias del decreto para que los vehículos cumplan con las mismas obligaciones que los regulares.
El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González, insistió también en que se busca la forma de participar en la elaboración de las reglas y lograr que estas medidas tengan un impacto positivo.
Y es que destacó que el impacto en la cadena de valor llega al perjuicio de las fuentes de empleo en la industria formal y las inversiones.
