Red de corresponsales
El pleno de la Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad de votos la “Ley Ingrid” que tipifica como delito la difusión, filtración, publicación, transmisión, comercialización de imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres y de parte de ellos.
Las sanciones serán de tres a seis años de prisión para cualquier persona que incurra en ese ilícito, con la posibilidad de aumentar a nueve si se trata de imágenes de mujeres, niñas o adolescentes, y a once años si adicional a eso, quien lo comete trabaja en el servicio público.
Cabe recordar que las reformas son producto de la indignación que causó el caso de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero del 2020. Las imágenes de su cadáver fueron difundidas y publicadas por varios medios de comunicación y en redes sociales.
Por ese caso, Congresos como los de la Ciudad de México y el de Oaxaca ya aprobaron reformas penales a las que se conoce como “Ley Ingrid”.
Las reformas fueron planteadas por la diputada Beatriz García Villegas y Liliana Gollas Trejo, de Morena; Lorena Marín, del PRI, y el grupo parlamentario del PRD.
La redacción final del artículo 227 Bis prevé sanciones a quien, por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Para ese caso, se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de 50 a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, si son imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad.
Cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas aumentarán hasta en una tercera parte.
Durante la sesión de pleno de este jueves, la diputada Beatriz García Villegas dijo que las autoridades deben aplicar correctamente la reforma y destacó que inicialmente estaba dirigida a servidores de instancias forenses, pero al final se sancionará no sólo a servidores públicos de esas instituciones.
Araceli Casasola, del PRD, recordó el caso de Ingrid Escamilla y advirtió la necesidad de evitar que se revictimice y se expongan los cadáveres.
