Hay palabras que tienen un peso político mucho mayor que otras. No es lo mismo hablar de una falta administrativa que de un acto de corrupción. Tampoco es lo mismo acusar a alguien de incumplir un procedimiento que señalarlo como traidor a la patria. La elección de las palabras no es casual, establece el marco desde el cual la sociedad debe interpretar un acontecimiento.
Eso es precisamente lo que ocurre con la detención de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, a quien la Fiscalía General de la República acusa de haber permitido la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra instalaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas.
Si analizamos las declaraciones de Claudia Sheinbaum, el mensaje explícito es la defensa de la soberanía nacional y la traición a la patria. La Presidenta exigió explicaciones a las autoridades estadounidenses y subrayó que el gobierno federal no tenía conocimiento ni había autorizado la participación de agentes extranjeros en el país.
No son detalles menores. El mensaje tiene, al menos, tres destinatarios. A la sociedad mexicana se le presenta el caso para que el centro de la discusión no sea la producción de drogas sintéticas en el país, esas que, según López Obrador, no se producían en México, ni la destrucción de uno de los narcolaboratorios más grandes localizados hasta el día de hoy, sino la injerencia extranjera.
Pero hay algo más llamativo, el segundo destinatario parece ser otra persona o grupo de personas. Con su insistencia en deslindar al gobierno federal, el mensaje de la Presidenta parece decirles: “Nosotros no traicionamos a nadie; fueron otros quienes actuaron a nuestras espaldas. Y la prueba es que estamos acusando de traición a quien permitió la operación”.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el gobierno necesita que la sociedad interprete el episodio de esa manera y no a partir de sus resultados?
El tercer destinatario del mensaje son los gobiernos de los estados. Entre líneas, les está diciendo si intentan coordinarse con el gobierno de Estados Unidos sin autorización federal, vamos a aplicar toda la fuerza del Estado y podemos acusarlos de traición a la patria.
Hay un antecedente que vuelve todavía más interesante esta estrategia. En julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos en una operación organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también exigió al gobierno estadounidense un informe detallado para esclarecer cómo ocurrió el traslado y qué participación habían tenido sus autoridades.
López Obrador igual que Sheinbaum declaró que su gobierno desconocía los detalles de la operación y necesitaba explicaciones. La FGR incluso abrió una investigación por posible traición a la patria contra quienes hubieran participado en la entrega de Zambada a las autoridades de otro país.
Pero la pregunta es otra ¿por qué López Obrador, en lugar de aprovechar la detención de uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados de México para presentarla como un golpe al crimen organizado, concentró su discurso en exigir explicaciones a Estados Unidos y deslindar a su gobierno? ¿Por qué el mensaje que terminó dominando la conversación fue, nuevamente, que él no sabía lo que había ocurrido?
La comparación no pretende equiparar jurídicamente ambos casos. Señala una coincidencia política, un modus operandi comunicacional difícil de ignorar: dos presidentes del mismo movimiento que, ante operaciones realizadas en territorio mexicano y relacionadas con autoridades estadounidenses, reaccionaron primero exigiendo explicaciones, después deslindando al gobierno federal y finalmente poniendo el foco en quienes ejecutaron los hechos.
En cualquier país, cuando se detiene a uno de los líderes más buscados del crimen organizado, los gobernantes suelen aparecer para presentar el hecho como un logro de sus políticas de seguridad. Lo mismo ocurre cuando se localiza y destruye una instalación dedicada a fabricar drogas. En México, en cambio, el énfasis parece invertirse. El resultado queda en segundo plano y la discusión se desplaza hacia la soberanía y la posible traición a la patria.
En comunicación política, el encuadre no solamente describe los hechos: orienta la interpretación que el público hace de ellos. La palabra traición tiene una enorme carga emocional. Evoca deslealtad, enemigos internos y amenazas a la nación. Es un recurso mucho más poderoso para construir una condena política que hablar de protocolos incumplidos o de irregularidades en la cooperación internacional.
¿A quién le están diciendo que no sabían? ¿De quién necesitan deslindarse? ¿Por qué tanta contundencia cuando el señalado es un funcionario de un gobierno opositor, mientras que frente a una operación organizada por integrantes del crimen organizado para llevar a uno de los principales capos mexicanos a Estados Unidos el discurso presidencial fue mucho más cauteloso, si el delito es el mismo?
Cuando la traición se convierte en el centro del relato, quizá la pregunta más importante ya no sea quién traicionó a la patria, sino quién necesita construir esa historia y para qué.
El cargo La traición como estrategia de comunicación / Por Jorge García apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
