Hay condiciones para regular vaporizadores en la presente Legislatura: diputados y activistas

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–  ”Podemos avanzar en este dictamen en las próximas semanas”: Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

– ”Los decretos presidenciales para prohibir los vaporizadores no han funcionado; se podrían recaudar más de 12 mmdp con su regulación: Diputado Sergio Barrera.

Con varios estudios en la materia y más de cinco iniciativas en el Congreso de la Unión, hay elementos para concretar en la presente Legislatura del Congreso de la Unión un marco regulatorio para la distribución y venta de vaporizadores, pues la creciente venta ilegal de los dispositivos evidencia que el decreto presidencial para prohibirlos no ha funcionado, coincidieron legisladores y especialistas.

En ese sentido, diputados y activistas reunidos en el Primer Foro Latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo, organizado por la organización civil, RAUDER, advirtieron que no es a través de políticas prohibicionistas como se debe resolver el tema de los vaporizadores, pues esas medidas lejos de revertir el consumo en México, lo cierto es que en el país se ha disparado a través de canales ilícitos, en donde los menores de edad son los principales consumidores, a pesar de que se trata dispositivos exclusivamente para mayores de edad.

De esta manera, el diputado morenista y presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes, reconoció que con todo y el decreto presidencial del pasado 31 de mayo de 2022 para prohibir la venta de vaporizadores, es posible encontrar esos dispositivos en la vía pública, en puestos informales y demás canales de distribución, constituyendo una peligrosa realidad para menores de edad.

“Hay prohibición y se sigue dando entonces la pregunta de los sectores, de los académicos, de los médicos, de los expertos es: ‘Si hay prohibición ¿Por qué sigue existiendo y lo peor es que sigue existiendo sin generar recursos para el Estado? Entonces tenemos que revise de dónde viene y analizar la posibilidad de que si regulamos cuánto representaría para ingresos para el gobierno de México, que además podría resolver muchos problemas de fondo de salud pública, dijo el legislador.

El diputado consideró que posiblemente el presidente López Obrador recibió información insuficiente al emitir el decreto, por lo que se pronunció a favor de que se promuevan espacios abiertos para analizar los pros y contras de los vaporizadores para concretar un marco legal exclusivo para los vaporizadores, es decir, distinto al que rige hoy en día sobre los cigarros de tabaco.

“Yo creo que sí (podemos concretar una regulación en esta legislatura), si hay voluntad política de la mayoría de los diputados; muchos temas se quedaron fuera y mi posición es clara: No puede haber atropello a los derechos humanos; tenemos que reconocer esto como problema de salud pública; entiendo la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador, del subsecretario Hugo López Gatell, pero es un tema que nos involucra a todos porque se sigue traficando; debemos responderle a los mexicanos para nutrir este dictamenque camineros en las próximas semanas”; comentó.

En ese punto coincidió el diputado por Movimiento Ciudadano, Andrés Pintos, quien dijo que las autoridades deben informar en lugar de prohibir, con miras a promover un consumo responsable.

“Debe de salir la regulación, así como el tema de la mariguana, pero ya llevamos mucho tiempo, pero nada más no avanza y lo único que estamos provocando es que todo esto se siga vendiendo en el mercado negro, si queremos que México sea un país con menos violencia tenemos que regular, tenemos que quitarle los tabúes, la palabra miedo y entrarle de lleno y tener una cultura para explicar bien que se trata esto del vapeo”, agregó el también integrante de la Comisión de Salud.

Por su parte, su compañero de bancada, el diputado Sergio Barrera, afirmó que hay elementos de sobra para reconocer que fracasaron la serie de decretos presidenciales en contra de los vaporizadores, por lo que es necesario avanzar en la regulación de dichos dispositivos, por medio del cual se podrían lograr importantes recursos para el Estado.

“La estimación es que podríamos recaudar más de 12 mil millones de pesos por este concepto, con los cuales se podrían generar políticas públicas de prevención, para el cuidado del medio ambiente, sobre todo para que la gente esté bien informada y tenga reglas claras”, estimó el diputado.

El legislador de MC advirtió que detrás de la proliferación ilícita de vaporizadores se encuentra el crimen organizado, el cual está obteniendo millonarias ganancias en detrimento, principalmente, de adolescentes.

“Es un tema que debemos atender urgentemente porque los decretos hechos desde Presidencia no están funcionando porque están en todos los lugares (.); hoy en día se está convirtiendo en un problema grave de inseguridad; tenemos también información de que las gran vías de quienes distribuyen esto ilegalmente en un mercado negro es el crimen organizado porque ellos mismo se dan cuenta de que hay una gran oportunidad de este negocio”, externó.

En tanto, el diputado por Acción Nacional, Éctor Jaimes, destacó que la eventual definición de un marco legal para los vaporizadores requiere de espacios abiertos, por lo que deploró “la cerrazón” que ha promovido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Debemos ir hacia a regulación, la experiencia en los últimos cuatro años ha sido de un bloqueo absoluto por parte del señor Subsecretario de Salud, el docto Hugo López-Gatell Ramírez, argumentando cosas que ni siquiera las argumenta en el Congreso, cada foro que se ha hecho para trabajar con el Legislativo de manera seria cancela y hace que los demás funcionarios federales y demás investigadores se ausenten tanto en la cámara alta como en la cámara baja”, señaló.

Al respecto, cabe mencionar que precisamente RAUDER convocó al funcionario de la Secretaría de Salud así como al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Alejandro Svarch, para participar en el Foro Latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo, pero ambos no atendieron la invitación.

Por su parte, Rafael Lara, presidente de RAUDER, destacó la necesidad de que en México se promueva la entrega de información científica y suficiente para los consumidores, lejos de impulsar política prohibicionistas que terminan por incitar, irónicamente, el consumo de los productos y servicios censurados.

“La idea es quede muy claro, con bases científicas que el uso de la nicotina; si bien es cierto puede llegar a causar ciertos daños a la salud, también es cierto que es necesario llegar a respetar el libre desarrollo de la personalidad y además de informar a los consumidores las distintas alternativas para la reducción del daño”, dijo el maestro en Derecho por la UNAM.

Finalmente, Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, alertó que la autoridades federales no mandan señales claras para atender el tema de los vaporizadores, pues afirmó que la COFEPRIS aprovechó la controversia que provocó la reforma a la Ley Federal para el Control del Tabaco para prohibir la exhibición comercial de cigarros de tabaco para aplicar dichas medidas también a los vaporizadores, aun y cuando son productos diferentes: En unos hay combustión y en otros sólo evaporación de sustancias.

“Lo que tenemos recientemente tiene que ver con una reforma a la Ley Federal para el Control del Tabaco emitido por el Ejecutivo, en el que, de manera mágica, sin que esté contemplado en el reglamento, están incorporando a los vaporizadores, no del propio reglamento, sino por criterios publicados por COFEPRIS, entonces nuevamente ahora estamos promoviendo amparos contra este reglamento que nosotros vemos totalmente anticonstitucional”, afirmó el activista.

Para más información y apreciar el desarrollo del foro, consulta:

https://www.nicotinariesgoreducido.lat/

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Ante la creciente amenaza para vulnerar los derechos humanos, ciudadanos construyen la organización civil sin fines de lucro, RAUDER: Razón, Autonomía y Derecho, con el objetivo central de proteger y defender las libertades de las personas.

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