El presupuesto destinado a estos apenas representa una carga en el presupuesto federal del 0.05%, señala México Evalúa
Extinguir los siete órganos constitucionalmente autónomos y transferir sus funciones a la Administración Pública Federal, podría incrementar los riesgos de corrupción, la concentración de los mercados, elevar los precios y generar desabasto de bienes y servicios, advierte México Evalúa.
Agrega que sin órganos independientes que tomen decisiones técnicas y transparentes, los ciudadanos enfrentarían retrocesos en acceso a información pública y protección de datos personales
En lo social, añade, la pérdida de autonomía podría comprometer el acceso de la población a información veraz y objetiva sobre los rangos de pobreza y desempeño del sistema educativo del país.
Ante la reciente dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que avanza en el proceso para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador destinada a extinguir siete órganos constitucionalmente autónomos y transferir sus funciones a la Administración Pública Federal, México Evalúa expresa su preocupación.
Salvaguardan derechos humanos
Esta medida incluye la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Estos órganos autónomos desarrollan funciones clave de especialización y agilización de tareas del Estado, destinadas a salvaguardar derechos humanos consagrados en la Constitución sin alterar la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La autonomía de estos órganos, añade, se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada de los ciclos políticos, sin conflictos de interés en sus resultados.
Con el respaldo de su personal técnico especializado, dichas instituciones del Estado emiten resoluciones que responden a los principios para los que fueron creados, como la sana competencia económica, la eficiencia en los mercados, la transparencia y rendición de cuentas, la objetiva medición de la pobreza o del desempeño del sistema educativo del país.
En riesgo la competencia y regulación de mercados
Por lo anterior, lo deseable es que su labor optimice la distribución de funciones del Estado, sobre todo, sirva a la población en el acceso a sus derechos de forma eficaz e íntegra.
En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, se argumenta que dichos órganos son onerosos para el Estado. Sin embargo, el presupuesto asignado a ellos para 2024, de 4 mil 534 millones de pesos, representa apenas el 0.05% del presupuesto federal. También argumenta que dichas instituciones “no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social” (sic).
A decir de la organización evaluadora, no proporciona una evaluación técnica completa y objetiva que sostenga las graves afirmaciones.
La eliminación de los órganos autónomos como Cofece e IFT pondría en riesgo la competencia y regulación de mercados, incrementando prácticas anticompetitivas, y afectando la calidad y precios de bienes y servicios.
Servicios de telecomunicaciones se han reducido 31.7%
Cita de ejemplo que la regulación asimétrica que el IFT impulsó desde su creación, y ha reducido los precios de los servicios de las telecomunicaciones en más del 31.7% en la última década. Además, México se ha comprometido ante la comunidad internacional, y específicamente ante el T-MEC, a mantener reguladores y tribunales competentes e imparciales.
A su vez, reconectar a los ciclos políticos las funciones del Coneval y Mejoredu, cuyas autonomías garantizan objetividad en la evaluación de políticas sociales, incentivaría la distorsión en el reporte de los niveles de pobreza y de desempeño educativo en el país. Son indicadores cruciales que los votantes requieren para valorar su elección de candidatos a cargos públicos en tiempos electorales.
El llamado de México Evalúa a los legisladores es dedicar tiempos y espacios de deliberación para esta iniciativa, con la incorporación de especialistas y de evaluaciones completas y objetivas que verifiquen el desempeño verdadero de los órganos autónomos y ayuden a trazar rutas de mejora.
Instamos a los tomadores de decisiones a reconsiderar la propuesta de reforma en vista de las afectaciones que tendría para el bienestar de los mexicanos, para la democracia y la economía nacional, concluye el organismo evaluador.
