La narcoguerra al interior del CJNG en el estado se declaró con textos que mencionaron órdenes para asesinar a la gobernadora morenista, quien envió la iniciativa a diputados locales para reformar el Código Penal
Red de corresponsales
El Congreso de Colima aprobó castigar con cárcel y multas a quienes sean encontrados responsables por trabajar como vigilantes de grupos criminales y coloquen narcomensajes, iniciativa enviada por la gobernadora Indiria Vizcaíno, quien ha sido mencionada en los intercambios amenazantes de cárteles que operan en el estado.
Las penalizaciones serán para aquellos que coloquen, en la vía pública: mantas, cartulinas, lonas, cartón o cualquier medio físico o electrónico; además, quienes elaboren, impriman, fabriquen, proporcionen, posean, desplacen, o trasladen cualquier objeto con expresiones o mensajes de amenazas.
Esta reforma indica que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 40 a 120 unidades de medidas de actualización (UMA’s) a quienes cometan los ilícitos recientemente identificados en el Código Penal de Colima.
Según el documento planteado como decreto único, se consideró el contexto de seguridad y los tiempos que atraviesa el estado para combatir un problema social creciente entre la ciudadanía. Los diputados de Colima respaldaron la iniciativa con 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
En el inicio de este 2022, la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Colima se declaró en las llamadas narcomantas. Incluso, los textos han mencionado órdenes para asesinar a la gobernadora.
Los castigos para quienes se desempeñen como halcones de las facciones delincuenciales fueron reformadas en el Artículo 275 Bis 2 de la legislación local. Ya sea que observen patrullajes de agentes municipales, estatales o del nivel federal, que suman alrededor de 5 mil elementos desplegados en la entidad.
Esto aplicará a quien vigile, rastree, obtenga, proporcione información o realice actos tendientes a comunicar de manera injustificada sobre las actividades oficiales de recorridos, traslados, operativos, estrategias y logística que realicen o pretenden realizar los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública de procuración e impartición de justicia, así como ejecuciones de penas llevadas a cabo por el Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional o Marina Armada de México.
A quienes resulten culpables de esos delitos deberán pagar de seis meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización.
Cuando se realice con la finalidad de ocasionar un daño, entorpecer o evitar el cumplimiento de las funciones de las instituciones, órganos o servidores públicos señalados
O bien, para facilitar o permitir la realización de algún delito, por si mismo o por un tercero se le impondrán de tres a 12 años de prisión y multa por un importe equivalente de 300 a 500 UMA’s
Eso también aplicará quien ingrese, altere, sustraiga, destruya, oculte, niegue, utilice o inutilice ilícitamente información o documentos de dependencias de seguridad y ministeriales.
Además serán penalizadas las personas que introduzcan, permitan, faciliten el ingreso de celulares, sistema de comunicación electrónica o radios en centros penitenciarios, así como aquellos que posean dispositivos para intervenir comunicaciones de las autoridades encargadas de resguardar el orden.
Las sanciones serán más graves si estas conductas son cometidas por agentes, exagentes, laboren o hayan laborado en las instituciones de seguridad pública u órganos jurisdiccionales del estado. Los que resulten responsables serán destituidos de manera definitiva con posibles inhabilitaciones de cinco a 15 años.
Viridiana Valencia Vargas, diputada del distrito XV, leyó el proyecto presentado en la sesión extraordinaria que también aumentaron la prisión preventiva oficiosa a delitos contra menores de edad como la pederastia, pornografía, turismo sexual, abuso, hostigamiento, acoso y lenocinio.
También deberán permanecer a resguardo como medida cautelar quienes cometan desaparición forzada, feminicidio, robo, abigeato y lesiones cuando se cometa con armas y explosivos; así como el ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito.
La narcoguerra desatada en el estado en los primeros meses del año derivó de una disputa interna en el CJNG y uno de los responsables, Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, el Chaparrito, fue detenido en Zapopan el 13 de marzo pasado; pero Josué Brizuela Meraz, la vaca, aún continúa prófugo y asegura que conseguirá el dominio del territorio, según narcomantas firmadas con su apodo y el nombre del grupo criminal que lidera.
Operadores de Brizuela Meraz señalaron que sus antiguos aliados ordenaron ejecutar a la gobernadora Indira Vizcaíno, pero el Cártel Independiente de Colima no accedió para evitar conflictos con las autoridades en un caso de esa magnitud. Aunque previnieron que si ocurría el asesinato se buscaría culpar a sicarios de la Vaca.
