Para controlar la información de la que habla un país no necesitas controlar todos los medios; basta con que todos sepan que puedes hacerlos desaparecer.
Imagina que un medio publica una investigación que documenta redes de corrupción vinculadas al contrabando de combustibles y la evasión fiscal en las aduanas mexicanas y ese medio le llama “huachicol fiscal” (eso no pasa en México pero imagínalo). La investigación estima pérdidas superiores a 200 mil millones de pesos anuales para el erario, lo que la convierte en el mayor fraude al fisco en la historia del país.
La investigación está sustentada en hechos verificables. Sin embargo, días después, con una nueva ley, ese medio podría recibir una multa millonaria porque el gobierno sostiene que, según sus propios datos, el monto no es correcto, no es el mayor fraude de la historia mexicana o la información está descontextualizada.
El periodista y el medio seguirían siendo libres de publicar. Pero habrán aprendido algo mucho más poderoso que una prohibición, a partir de ese momento, ellos y los demás miembros del gremio sabrán que publicar notas críticas puede costarles muy caro. Obviamente, habrá medios que decidan seguir publicando notas incómodas para el gobierno, pero muchos otros no, y los que sí publiquen podrían ir desapareciendo a base de multas mensuales que consuman sus ingresos.
Ese es el verdadero riesgo detrás de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puestos a consulta pública el pasado 24 de julio.
En el papel, proteger a las audiencias, garantizar información veraz, distinguir información de opinión y publicidad o establecer defensores de las audiencias y mecanismos para presentar quejas suena bien. ¿Quién podría estar en contra?
El problema aparece con una pregunta: ¿quién decide cuándo una información es falsa?, ¿cuándo está descontextualizada o cuándo simplemente representa una interpretación distinta de los hechos?
El gobierno anterior afirmaba que México tenía un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Para mí, era una afirmación evidentemente falsa, por no decir ridícula; para el gobierno, era información verdadera.
Para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, su estrategia de seguridad es un éxito porque los homicidios dolosos disminuyen y lo puede demostrar con datos. Sin embargo, diversos medios sostienen, también con información verificable, que el gobierno podría estar disfrazando la información porque, al mismo ritmo que los homicidios disminuyen, aumentan las desapariciones en el país. No existen cuerpos, pero miles de personas desaparecen o son levantadas por grupos criminales y nunca más se vuelve a saber de ellas.
Dos interpretaciones pueden partir de hechos reales y llegar a conclusiones opuestas, pero si la autoridad tiene la facultad de decidir cuál es información, cuál es interpretación y cuál es mentira, también tiene la facultad de sancionar al medio que contradiga su narrativa.
La CIRT ha advertido precisamente sobre la ambigüedad y discrecionalidad que podría generar el proyecto. La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación también ha señalado el riesgo de que la regulación termine convirtiéndose en un mecanismo de censura indirecta.
De aprobarse los lineamientos, el gobierno conseguiría que los propios medios sepan cuáles son los límites que no deben cruzar para que ellos mismos se autocensuren. Así, logra controlar la atención solo en la información que le interesa difundir, y eso es una de las formas más sofisticadas de controlar la narrativa.
El problema no es la primera sanción, el problema viene cuando un director de noticias se pregunta: ¿Vale la pena publicar esto? O un periodista, redactando su nota, piensa: ¿Y si alguien presenta una queja? O cuando un propietario decide no publicar una investigación sólida para evitar enfrentar una multa.
Eso es una estrategia diseñada para que los medios se autocensuren y el gobierno mantenga el control de la información. Y la autocensura es mucho más eficiente que la censura porque la censura necesita silenciar al periodista mientras que la autocensura consigue que el periodista se silencie solo, sin pruebas ni amenazas de por medio.
Por esto, los lineamientos no deberían analizarse como un simple reglamento administrativo. Mucho menos en un país donde ARTÍCULO 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios durante 2025, además de siete periodistas asesinados y una desaparición.
En este mismo periodo Claudia Sheinbaum lincha un día sí y otro también en su conferencia mañanera a medios y periodistas críticos, incluso llamando a no seguir la programación de TV Azteca. El contexto importa.
Una herramienta que en manos de una autoridad independiente puede parecer razonable puede convertirse en un instrumento peligroso cuando existen concentración de poder y contrapesos debilitados.
¿Quién vigila al que vigila la verdad?
¿El mismo gobierno al que la consultora SPIN, de Luis Estrada, documentó y contabilizó cerca de 200 mil afirmaciones no verificables, engañosas o falsas emitidas en un sexenio?, ¿El de la sucesora que ha se empeña en defender a personajes ligados con el narcotráfico del gobierno anterior incluso frente a la justicia estadounidense?
Basta de mentiras tontas. Cada individuo tiene la capacidad para decidir qué canales, noticieros o contenidos consumir. El gobierno también comunica, también selecciona, también omite, también construye narrativas y también tiene intereses políticos.
Venezuela debería servirnos de advertencia. Ningún régimen autoritario comienza diciendo: “vamos a construir una dictadura”. Primero habla de transformación, después de defender al pueblo, luego de combatir a sus enemigos y, poco a poco, comienza a desmontar los contrapesos que pueden cuestionar al poder.
El control de los medios forma parte de esa lógica. Primero, la autollamada 4T, con apenas el 52% de los votos, torció la ley y con la compra y amenazas a legisladores opositores corruptos, se hizo con la mayoría calificada en las Cámaras. Después, utilizando esa mayoría, destruyó al Poder Judicial e impuso a jueces y ministros a modo con la estrategia ilegal del acordeón. También usó la mayoría calificada para destruir los mecanismos de transparencia, como el INAI, colonizar el INE y ahora tiene la mira puesta en los medios de comunicación, que junto con las redes sociales son el último bastión de la incipiente y endeble democracia mexicana.
La pregunta no debería ser si la información que recibimos tiene una línea editorial detrás; en todo el mundo hay medios de centro, izquierda y derecha y cada audiencia decide cual sintonizar. La pregunta debe ser ¿el gobierno tiene derecho a decidir qué información puedes recibir?
Porque quien controla el relato no necesita controlar todos los hechos; le basta con controlar el marco desde el cual la sociedad los interpreta.
El cargo El último bastión de la democracia mexicana / Por Jorge Garcí apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
