Redacción
En caso de prosperar la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, México enfrentaría conflictos internacionales porque la iniciativa resulta violatoria de tratados como el caso de T-MEC, lo que podría implicar que el país sea sometido a sanciones comerciales por un monto equivalente al valor perdido por las empresas extranjeras afectadas, alertó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ante
ello, el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín no escatimó en calificar
a la iniciativa que impulsa el Jefe del Ejecutivo como “una reforma que lastima
a México”, pues además de que implicaría sanciones comerciales a nivel
internacional, también incrementaría el costo de la electricidad en el país, impactaría
las finanzas públicas y cancelaría la transición energética.
“La
reforma tendría efectos confiscatorios sobre las inversiones operativas y comprometidas
en los mercados de generación, suministro y comercialización; es previsible el
inicio de controversias Estado-Estado por incumplimiento de los acuerdos
comerciales; en el caso del T-MEC (acuerdo comercial México, Estados Unidos y
Canadá), la decisión del panel es obligatoria y podría tener represalias
comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes”, alertó
el CCE.
Por
medio de un estudio, la máxima cúpula del país refirió que la reforma constitucional presentada el 30 de septiembre
pretende cambiar el modelo eléctrico nacional y la cual, de aprobarse:
- Destruiría el mercado. Eliminaría los tres pilares que requiere para operar: un regulador autónomo (CRE), un operador independiente (CENACE), y un despacho eficiente de la electricidad. La reforma haría de la CFE juez y parte en el sector. Invertiría el orden de despacho eléctrico para privilegiar plantas sucias y caras de CFE sobre las limpias y de bajo costo.
- Crearía, en la
práctica, un monopolio. Sectores que hoy están
regidos por la garantía de competencia y libre concurrencia – como la
generación, suministro y comercialización eléctrica – quedarían reservados al Estado
y controlados por CFE. Los generadores sólo podrán venderle a CFE y los
consumidores sólo podrán comprarle a CFE, a las tarifas que esta disponga.
- Cancelaría todos
los permisos y contratos vigentes, sin causa justificada, con efectos
confiscatorios sobre 44 mil mdd de
inversión privada. Obligaría a las plantas privadas a dejar de
producir energía al momento de su publicación, pues les quitaría
arbitrariamente el permiso para hacerlo. Si la reforma se aprueba, habría
cuatro implicaciones graves para México:
- Incrementaría el costo de la electricidad. Privilegiaría generación eléctrica de CFE, que es hasta 252 por ciento más cara que la del sector privado. Obligaría a las empresas a comprar energía a CFE a precios mucho más altos, generando presiones inflacionarias.
- Generaría un
boquete en las finanzas públicas y la economía nacional. El costo de producción total subiría en al menos 62 mil millones
de pesos anuales (621 mil mdp en una década); en conjunto con el subsidio
eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos.
- Cancelaría la transición energética. México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático, yendo en contra de lo que el 85 por ciento de la población exige: que se usen más energías limpias. En lugar de lograr sus metas, México incrementaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46 por ciento.
- Violaría tratados
internacionales que firmó México. Obligaría a los
inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, para
proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y
expropiación indirecta. También expondría a México a controversias internacionales Estado – Estado.
