La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) consideró que la regularización de vehículos de contrabando en Baja California es “duro golpe a la industria automotriz en México”, por lo que solicitó audiencia urgente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para analizar las repercusiones.
Mediante un oficio dirigido al Titular del Ejecutivo la Amda refirió que que “la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito desde 1979.
El organismo mencionó en comunicado que la importación de vehículos usados es factible de realizarse conforme el Decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.
“Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales”.
Añadió la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.
Recordó que la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley, sin embargo, se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados introducidos a territorio nacional presentan pésimas condiciones mecánicas.
Los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como “salvage”, pérdida total o chatarra, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad, señaló, además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros.
Si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, aún a costa de la violación sistemática y concertada de la ley.
El organismo fue enfático en mencionar que la regularización de vehículos ilegales afectará el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización.
Por ello, recordó que es necesario contar con un Registro Público Vehicular eficiente y moderno, asignatura pendiente en el país en virtud de la obsolescencia tecnológica e insuficiencia jurídica del REPUVE, así como el cumplimiento estricto de la prohibición para circular sin placas de identificación.
La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país, a través del cumplimiento de las leyes vigentes planteadas para velar por el bien común de las y los mexicanos.
La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando será la oportunidad para incrementar la basura automotriz circulando en nuestro país, y para introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente.
“Como industria automotriz reiteremos el compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México, por tanto, queremos exhortar respetuosamente a las Entidades involucradas a que se tome en cuenta que la regularización de vehículos ilegales es una contradicción”.
Recordó que la industria automotriz de México contribuye con el 3.4 por ciento del PIB nacional y el 18.7 por ciento del manufacturero. Hoy en día genera impactos en 253 actividades económicas del país; es decir 97 por ciento del total, además de que genera más de 2 millones de empleos directos en sus diversos eslabones productivos.
