Como si fuera dueño de la verdad absoluta, creyendo ser un hombre iluminado de la vida o un semidios todopoderoso, este sujeto se ha distinguido a lo largo de su carrera política por confrontar a todo el mundo, sin que nadie lo ponga en su sitio o le pida cuentas de todas sus excentricidades.
Cada que abre la boca, este tipo cuestiona, acusa, descalifica y exige explicaciones por igual a políticos de oposición, periodistas o ciudadanos, sin importar si hay argumentos sólidos, y como si su autoridad moral para calificar y señalar fuera la de una persona honorable y digna de respeto.
Se ampara en que hace uso de la libertad de expresión y en que está en todo su derecho de manifestarse; sin embargo, tener un cargo público no le da inmunidad y mucho menos lo exonera de explicar sus actos. El problema es que no lo hace.
Durante años, este personaje construyó una imagen de austeridad, de cercanía al pueblo y de ser un crítico permanente de los privilegios. Sin embargo, después de ser arropado por la cúpula del poder actual, su figura se ha vuelto un ejemplo claro de lo que no debe ser un funcionario público.
En 2025, tras una investigación periodística donde se mencionaba que tenía una residencia en Morelos con un valor aproximado de 12 millones de pesos, reconoció que, en efecto, había comprado esa propiedad mediante un crédito hipotecario y las ganancias de su canal de YouTube.
Además, es un viajero frecuente por el mundo; aunque él no lo dice, la gente lo nota y lo exhibe en redes sociales, donde queda evidenciado que la austeridad republicana no aplica para su persona. Sus declaraciones patrimoniales también son inconsistentes y no coinciden con los bienes que posee un senador que gana 132 mil 900 pesos mensuales.
En el Senado lo han presionado para que explique y transparente sus gastos como representante popular, y su respuesta es la misma de siempre: “Esto es una vil persecución en mi contra”. Con esta cantaleta ha logrado capear el temporal y su vida transcurre con la misma impunidad de siempre.
Es muy claro que la rendición de cuentas debe ser obligatoria para todos los funcionarios públicos, no solo para los opositores del régimen. No basta con declarar ante los medios que todo es legal. La democracia de un país se mide por la transparencia de sus políticos, y por el hecho de que den explicaciones claras y argumentos sólidos de sus bienes y ganancias. No hay de otra.
Gerardo Fernández Noroña tiene derecho a defenderse. Puede y debe explicar su patrimonio y rechazar cualquier afirmación que considere falsa, pero precisamente porque ocupa una posición pública relevante, tiene la obligación política, ética y moral de aceptar el escrutinio público.
Debe quedar muy claro que quienes viven del dinero de nuestros impuestos no deberían sentirse ofendidos cuando se les fiscalizan sus gastos, sus propiedades y su riqueza.
Esta debe ser una obligación mínima de quien ocupa un cargo público. Rendir cuentas no es una agresión y, mucho menos, el investigado es una pobre víctima de este injusto sistema.
Así las cosas y mientras nada cambie en este país: ¿A este sujeto quién le pedirá cuentas y lo meterá en cintura? ¿Y cómo él, cuántos más existen en México?
El cargo ¿Y a este sujeto, quién le pide cuentas? / Por José Hermilo Amezcua (JHAD) apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
